Léase primero el artículo del profesor Urías.
A mí, lo que me llama la atención, es la mansedumbre extremada con que la Comisión Europea trata a España. Ante los varapalos que el país y su justicia han recibido y de los que el profesor Urías da algunos sonados ejemplos, las autoridades de Bruselas reaccionan con la timidez y prudencia de un rebaño de gacelas. La Comisión es la guardiana de los tratados europeos, pero actúa, o no lo hace, siguiendo criterios de oportunidad política. Solo el peso político de España o su poco merecido prestigio democrático explican que tantos desmanes den lugar a tan moderadas reacciones.
A los ya citados en el artículo, quisiera agregar el de la desecación del parque de Doñana, debida en buena parte al robo de aguas públicas tolerado por las autoridades centrales y autonómicas y alentado por la inacción judicial. Cierto, España ha sido condenada recientemente por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pero compárese la actitud de la Comisión en este caso con la adoptada en el caso del bosque polaco de Białowieża. Una multa coercitiva de 100.000 euros a la espera de la sentencia por un lado, nada (una amable invitación a cambiar las cosas) por el otro, incluso después de la sentencia condenatoria contra España.
Si bien enmendar el deteriorado sistema judicial de nuestro país y su agotado Tribunal constitucional es ante todo responsabilidad de los ciudadanos españoles y de sus representantes, hay que señalar que la obsecuencia de la Comisión les confiere una pátina de decencia que contribuye a su inmovilismo. Por otro lado, hay que observar que la discrecionalidad con que actúa la Comisión cuando se trata de proteger los tratados que instituyen la Unión europea debilita a estos últimos y da argumentos a los países iliberales que señalan no sin razón que la protección del estado de derecho en Europa tiene geometría variable.
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