Bueno, yo no creo formar parte de esas oligarquías, así que sus incoherencias, sus contubernios o sus intenciones ocultas no deberían servir para descartar mis cuestionamientos o mis posiciones. Quizás un argumento para hacerlo sea que no son representativos, pero, por lo que leo, no es así. Hay millones de catalanes honestos (o que a efectos de la deliberación pública deben considerarse como tales) que no forman parte de oligarquía alguna, que reclaman justicia, que reclaman que no se vulneren sus derechos de ser representados por quienes ellos eligen, que reclaman una normalización constitucional que cierre la secuencia iniciada por la anulación del Estatut y que reclaman que se abra un proceso de resolución dialogada del conflicto. También hay numerosos juristas españoles, por no hablar de los pasmados y perplejos europeos, que consideran urgente que se normalice la situación. Mis posiciones no son mías, no son más que el reflejo de las de personas más competentes que, a mi entender, argumentan de manera válida. Agrego que el que a algunos individuos desacreditados se les llene la boca con la noción de estado de derecho no descalifica dicha noción.

Con todos estos catalanes sinceros y numerosos, con Urías y con Pérez Royo y con la clara tradición de rigor y de racionalidad que estos representan, es con quienes el Estado y la sociedad española deben dialogar. Sobre la base de sus argumentos puede deliberarse. Pero no se puede excluir de la deliberación a gente honesta con el motivo de que a través de ellos habla la oligarquía, porque se presupone que están en el postureo o porque ahora no toca, porque no está en el orden del día o porque hay cosas más importantes que hacer.

No se le puede decir a Junqueras : « Mire, señor, tal vez esté usted en la cárcel sin motivo legal, pero, no es momento de hablar de ello. » No se les puede decir a los catalanes que se han vulnerado sus derechos democráticos, pero que no es momento de hablar de ello.

El indulto (o la amnistía) era una necesidad democrática urgente y fundamental. Cuestionarlo no lo era. Responder a ese cuestionamiento y analizarlo es pertinente y no impide exigir justicia social.

Si es opio debatir de las cuestiones más fundamentales que se plantean a una sociedad, las que atañen a su ordenamiento jurídico, es decir al conjunto de reglas escritas, normas y valores que regulan la organización del poder, las relaciones con los ciudadanos y las garantías de los derechos y las relaciones entre estos, así como ordenan las políticas públicas en beneficio del interés general (DRAE), entonces todo lo es. Opio puede ser el Euro de fútbol o la deriva religiosa de la néolaïcité; no lo es, en principio, reclamar justicia para un preso político o debatir sobre cómo salir de la aguda crisis del régimen del 78.

Un abrazo,

Santa Neska.

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