Lille, 5 de noviembre de 2022.
Excelentísimo Señor embajador de El Salvador en Francia,
Como tal vez recuerde usted, tuve, hace unas dos semanas, oportunidad de escribirle para solicitar informaciones sobre la Constitución salvadoreña y, en particular, sobre las facultades de que parecen gozar algunos de sus artículos, el 152, en particular1. Le escribí, y le escribo ahora como docente. Mis indagaciones sobre El Salvador tienen por objeto alimentar mis clases y, sobre todo, los talleres de escritura que animo.
Hoy me dirijo de nuevo a usted pues quisiera solicitarle información sobre la manera en que trata el Estado salvadoreño la cuestión de la memoria del cruento conflicto interno que sufrió su país.
Poco después de ser elegido presidente, el señor Bukele ordenó a la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) que retirara de inmediato el nombre del Coronel Domingo Monterrosa del cuartel de la tercera brigada de infantería de San Miguel2, lo que suscitó entre las víctimas del batallón Atlacatl, las de El Mozote y lugares aledaños, en particular, la esperanza de que el Estado iba, por fin, a dar cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)3 de 2012 y de que se iba a hacer justicia4.
Sin embargo, en octubre de 2020, el presidente decidía prohibir al Juez Jorge Guzmán Urquilla, a cargo del caso a la sazón, el acceso a los archivos militares, impidiendo su entrada a cuatro cuarteles de la FAES. Con dicha decisión, el presidente desacataba un dictamen claro de la Corte Suprema de Justicia5, que había rechazado el recurso interpuesto por el Ministerio de la Defensa. Decía la Corte, en efecto:
En conclusión, no se observa que la actuación impugnada cause un agravio en la esfera jurídica de la Fuerza Armada, pues, pese a que se alega que los archivos sobre los cuales se realizará la inspección constituyen información de planes militares secretos, se debe tener en cuenta que en el referido proceso penal se están investigando hechos sucedidos en 1981 en la relacionada masacre, y por lo tanto serán documentos de esa época los que se examinarán por el juez, por lo que dicho argumento no puede ser impedimento para que tanto los sobrevivientes de esa masacre, los familiares de las personas asesinadas en ese operativo militar, y la sociedad en general, conozcan la verdad de los hechos acontecidos en esa época.”6
Observo, asimismo, no sin perplejidad, que, en 2020, el presidente Bukele nombraba embajadora ante los EEUU a la señora Milena Mayorga de Monterrosa, una acérrima defensora de Domingo Monterrosa, a quien considera un héroe7. No menos llamativas que su admiración por Monterrosa resultan las recientes declaraciones de la embajadora que, en un discurso que se esfuerza por difundir (lo puso como pinned tweet en su cuenta) y que pronunciara en el ámbito del Senado de los Estados Unidos, obviaba la responsabilidad –preponderante- de la FAES en los crímenes cometidos contra la población salvadoreña.
En unas declaraciones formuladas ante el diario francés Le Monde8, el vicepresidente Ulloa explicaba que las negociaciones que el mantuvo el Director de Reconstrucción del Tejido Social Carlos Marroquín con las maras no eran una política del Estado sino acciones individuales del señor Marroquín.
Me pregunto, señor embajador, cuál es la política de Estado de El Salvador en relación con las obligaciones que nacen de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Me pregunto si los actos aparentemente contradictorios del presidente Bukele deben entenderse en el marco de la tipología establecida por el vicepresidente Ulloa, siendo así que habría actos que serían propios del individuo Bukele y otros que, efectuados por el presidente Bukele, se integrarían dentro de una política de Estado. Entiendo que, de ser así, el presidente Bukele desconocería los actos del individuo Bukele. Quedaría por saber cuáles son los actos del Bukele presidente y cuáles los del Bukele que no lo es.
Le he formulado una pregunta análoga a la embajadora de Monterrosa: ¿es voluntad del Estado salvadoreño o de ella sola deformar la Historia reciente del país?9
Le estaría sumamente agradecido si tuviera usted a bien contestar a mis interrogantes. Me sería muy grato publicar aquí su respuesta, para uso de quien consultare este blog y, en particular, de mis talleristas y alumnos, que escriben inspirándose de la realidad salvadoreña.
Lo saluda atentamente,
Professeur agrégé.
1 Ver https://sebastiannowenstein.org/2022/10/08/carta-al-embajador-de-el-salvador-en-francia-caso-del-articulo-escondido/
2 La orden se transmitió por Twitter: https://twitter.com/nayibbukele/status/1134987672563408897?lang=id
3 Esta sentencia disponía, en particular: El Estado debe, en un plazo razonable, iniciar, impulsar, reabrir, dirigir, continuar y concluir, según corresponda, con la mayor diligencia, las investigaciones de todos los hechos que originaron las violaciones declaradas en la presente Sentencia, con el propósito de identificar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables.
https://www.corteidh.or.cr/ver_ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=229&lang=es
4 Ver, por ejemplo, Le Monde: https://www.lemonde.fr/international/article/2019/06/13/au-salvador-les-familles-de-victimes-craignent-l-amnistie-des-crimes-commis-durant-la-guerre-civile_5475659_3210.html
5 Ver https://www.jurisprudencia.gob.sv/DocumentosBoveda/E/1/2020-2029/2020/10/E2D06.HTML
6 Fuente: https://www.jurisprudencia.gob.sv/pdf/A_408-2020.pdf
7 Véanse por ejemplo, los dos tweets siguientes: https://twitter.com/MilenaMayorga/status/1025775395738669062 y https://twitter.com/MilenaMayorga/status/861316714348376066, consultados el 5 de noviembre de 2022.
8Ver https://www.lemonde.fr/international/article/2022/08/12/felix-ulloa-vice-president-du-salvador-dans-toute-guerre-il-y-a-des-victimes-innocentes_6137876_3210.html
9 Ver https://sebastiannowenstein.org/2022/11/04/carta-a-la-embajadora-mayorga-de-monterrosa-es-la-falsificacion-de-la-historia-una-politica-de-estado-en-el-salvador/
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