Responsabilidad civil y penal de las personas morales. ¿Debe El Canal de Isabel II ser considerado cómplice de los crímenes de las AUC?

Soy docente en el instituto Gaston Berger de Lille, Francia, y trabajo en estos momentos sobre la responsabilidad civil y penal de las personas morales. Intento desarrollar un proyecto que permita a mis alumnos confrontar la manera en que diferentes derechos nacionales tratan dicha cuestión.

Esta iniciativa se basa en el estudio de casos. Los estudiantes deben dar cuenta de la manera en que el derecho de su país ha o habría tratado el caso que se les somete. Esto implicará a veces postular un vínculo de conexión entre la persona moral y el país. En el caso que presento más abajo, el ejercicio consiste en examinar si la empresa española El Canal de Isabel II es susceptible o no de ser incriminada por complicidad de crimen de lesa humanidad por los pagos efectuados por su filial Inassa a los paramilitares colombianos. Los estudiantes de nacionalidad no española se harán las dos preguntas siguientes: 1. ¿Puede la persona moral El Canal de Isabel II ser incriminada en mi país? y 2. ¿De haber sido Canal hubiese sido una empresa francesa (o belga, o alemana…), hubiera sido incriminada?

El caso Canal presenta el interés suplementario de que se trate de una empresa pública. ¿Se derivan, de la naturaleza pública de la entidad, responsabilidades para la Comunidad de Madrid o para quienes, desde dicho ente, supervisaban las actividades de la empresa?

No duden, si suscita su interés la presente iniciativa, en ponerse en contacto conmigo: sebastian-Andre.nowenstein@ac-lille.fr

Un saludo atento,

S. Nowenstein, professeur agrégé, lycée Gaston Berger, Lille.

¿Es El Canal de Isabel II responsable de los actos de su filial colombiana Inassa? Algunos elementos de información

  1. Según revelaciones de la prensa, las empresas Triple A y Metroagua, controladas, mediante Inassa, por Canal, efectuaron pagos a los paramilitares colombianos de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Inassa es una filial de El Canal de Isabel II.
  2. Las AUC son culpables de atrocidades sin nombre. Según la Comisión de la verdad de Colombie, el número de víctimas de las AUC fue de 205.028. Las AUC construyeron hornos crematorios para hacer desaparecer los cadáveres.
  3. La compañía Chiquita Brands fue condenada a una multa de 25 millones de dólares en Estados Unidos por haber financiado a las AUC. En el mismo país, la cementera Lafarge ha debido pagar 788 millones de dólares por haber efectuado pagos al Estado Islámico durante la guerra civil siria. Francia investiga judicialmente a Lafarge por el mismo motivo.
  4. El pago de Chiquita mencionado más arriba no extingue toda acción judicial: un juicio está previsto para 2024.
  5. Según la prensa española, las operaciones de Canal II en América Latina han financiado ilegalmente al Partido Popular, que ejerce el poder en la Comunidad de Madrid desde 1995. Dichas operaciones son objeto de investigaciones judiciales desde 2017, que constituyen el llamado caso Lezo.
  6. Tras las revelaciones sobre las actuaciones de Canal, las autoridades colombianas expropiaron Triple A. Metroagua también lo fue.
  7. Canal de Isabel II reaccionó demandando a Colombia ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI).
  8. No obstante, la posibilidad de que la compañía pública Canal de Isabel II haya incurrido en complicidad de crimen contra la humanidad no parece estar siendo examinada por la justicia española. En el mes de julio de 2023, la multinacional española de la edición Planeta decidía, de manera inesperada, anular la publicación del libro La Costa Nostra, que evoca las conexiones entre Inassa y las AUC. Nuestro trabajo sobre dicho asunto puede consultarse aquí.

Références

La trama del Canal también financió a los paramilitares en Colombia, El Mundo, 26 juin 2017

 El Canal de Isabel II, socio en Colombia de un inversor que pudo financiar a paramilitares. El Mundo, 2 juin 2017

Colombia expropia una filial del Canal de Isabel II con una ley antinarco. El País, 21 janvier 2022.