Defensora del lector de El País. Simposio España contra Cataluña.

Lola Galán

Defensora del lector

Diario El País

Gran Vía, 32, 4ª planta – 28013 MADRID

Estimada Señora,
Durante el estudio del artículo, Historiadores y expertos critican el maniqueísmo de un congreso envenenado¹, afirmé, ante mis alumnos del instituto francés en que ejerzo, que el mismo incumplía algunos de los principios éticos de su diario y les anuncié que iba a escribirle a usted para solicitarle que tomase posición en la cuestión. Por supuesto, si el señor José Ángel Montañés, autor del artículo, gustase asimismo comentar mis críticas, sería ello de gran valor para mí y, sin duda, para mis alumnos.
Si bien la idea de dirigirme a usted surge de la situación de clase mencionada, me permito añadir que la iniciativa se enmarca en un proyecto más amplio que incluye, entre otras cosas, el someter el material estudiado en clase al mayor número posible de jóvenes españoles. Se trata de que mis alumnos reflexionen con sus compañeros españoles sobre la noción de objetividad en la prensa y en la historiografía y de comparar, asimismo, la percepción que se tiene de estas cuestiones en nuestros países.
Paso a enumerar, sin buscar la exhaustividad, algunos de los principios éticos de su diario, que, considero, se vulneran en el artículo.
El punto 1.2 de los mencionados principios dispone que la información ha de ser « lo más completa posible » y debe, reza el mismo punto, ayudar « al lector a formarse su propia opinión ». En lo que a mí se refiere, la lectura del artículo no me permtió formarme una opinión, justamente, porque la información no era completa. En efecto, la posición de los historiadores participantes en el simposio, algunos de ellos tan presitigiosos como el maestro Fontana, no aparece en el artículo, si no es a través de las palabras vertidas por el señor Sobrequés –que el periodista no juzgó oportuno entrevistar- durante la presentación del simposio y escuetamente citadas en el texto. Es sintomático que la explicación de la participación del señor Fontana no se busque en el interesado sino que se solicite a uno de los adversarios del mismo, que confiesa su perplejidad y atribuye dicha participación a una supuesta tendencia a los planteamientos maniqueos del reconocido historiador. Mucho he echado en falta que no sometiese el periodista las mencionadas valoraciones psicológicas al principal interesado. El no hacerlo suscita la impresión de que se trata de un dictamen objetivo o científico que no requiere mayor cuestionamiento.
A continuación, la lista de los historiadores críticos para con el congreso que se citan en el artículo : Ricardo García Cárcel, Borja de Riquer, Joaquim Albareda, José Álvarez Junco, Enric Ucelay- Da Cal, Andreu Mayayo. Son seis. Les responde, indirectamente, como lo decíamos, Jaume Sobrequés. Nadie pide una maniática contabilidad de por y contras, pero el 6 a 1, o a medio, del artículo me deja, si me lo permite, tan perplejo como la goleada que Alemania infligiera en la final de la última copa del mundo a Brasil.
Agreguemos a ello los tres enlaces que vienen debajo del título principal : Usos y abusos de la historia, por JULIÁN CASANOVA, CiU se queda sola en la defensa del simposio « España contra Cataluña », PP, Ciutadans y UPyD llevan a la fiscalía el simposio. Cabe mencionar asimismo que el vídeo que acompaña al artículo provee una información tan desequilibrada como la del texto.
La decepción que experimenta el lector es tanto más pronunciada cuanto que en el segundo párrafo del artículo se habla de una gran polémica. Si lo que es noticia es la polémica, será indispensable, digo yo, que la misma sea descrita cabalmente y no presentando una sola perspectiva. Pues, recordemos, se trata de que el lector se pueda formar su propia opinión.
El punto 1.3 alude a la independencia y a la obligación de deslindar opinión e información. Puesto que la información contenida en el artículo se limita a dar casi exclusivamente la posición de una de las partes, cabe deducir que la de la otra no es, a ojos del periodista, digna de interés. Esto constituye una opinión, respetable, por cierto, pero que debería presentarse como tal y no desprenderse de la desproporción entre las fuentes citadas.
El punto 1.5, referente a las fuentes, justamente, prescribe que se citen las mismas. Las primeras líneas del artículo, muy efectistas, consisten en seis citas en busca de autor. A algunas de ellas se lo podremos rastrear después, en el resto del texto, si somos concienzudos, a otras no. Pero en realidad, poco importa : lo que se entiende es que tan numerosas y generales son las reacciones de protesta e indignación que agárrese la que se agarre, tírese por donde se tire, lo que sale es siempre lo mismo, una crítica sin contemplaciones del atentado a la historia y a la historiografía que parece constituir este simposio. No hacen falta nombres, porque todo historiador serio viene a decir lo mismo, lo que dice uno es lo que dicen todos. Entiéndame usted, señora defensora del lector, yo no tomo cartas en el asunto de la calidad histórica o historiográfica del simposio, ni en el del talento literario del periodista, que tan eficazmente nos pone en la atmósfera que se vive, o que él percibe que se vive, en el mundo académico. Lo único que digo es que esta manera de proceder no está autorizada por los principios éticos de su diario.
Los puntos 1.6 a 1.9 imponen al periodista que sea ecuánime y riguroso : debe buscar, en caso de litigio, las versiones de las partes litigantes y, en caso de no conseguirlas, detallar las gestiones realizadas para obtenerlas. Como el artículo no indica que dichas gestiones se efectuaron, debemos considerar que no las hubo, lo que confirma lo que suponíamos más arriba, a saber, que el periodista no ha juzgado digno de interés transmitir al lector la versión de los participantes al simposio. ¿No le parece a la señora defensora del lector que si significativo del desencuentro catalano-español es este simposio, también ha de serlo el que se pueda presentar, en el gran diario que es El País, la polémica por él engendrada de manera tan sesgada que obvia (casi) por completo a una de las partes ?
El punto 1.15 indica que la cercanía con las fuentes no debe condicionar la imparcialidad del trabajo periodístico. No sugeriré, por supuesto, una culposa cercanía entre el periodista y sus seis fuentes contrarias al simposio ; lo que me parece importante en este punto es que se asume que el trabajo del periodista debe ser imparcial. Como ha quedado, a mi modesto entender, ampliamente demostrado que el trabajo del periodista no lo fuera, debemos concluir que el punto 1.15 también ha sido vulnerado. Así como el 1.16, desafortunadamente, que indica que no ha de hacerse el vacío a una institución porque se hayan tenido problemas para informar acerca de determinada noticia. Se supondrá, sin duda, que no se ha de hacer el vacío a una institución acerca de la cual no se han tenido dificultades para informar, que es lo que debemos postular, ya que el artículo no hace mención alguna de dificultades de esa índole, que, de haberlas habido, el periodista las hubiera indicado, en conformidad con lo que prescriben sus principios en puntos ya citados.
Permítame agregar que yo reconozco en los principios éticos con que se ha dotado su diario aquéllos que, entiendo, deben regir o reglar mi desempeño como docente en lo que al rigor, a la objetividad o al recurso a las fuentes se refiere. Por supuesto, no desconozco que los principios éticos son fáciles de enunciar y difíciles de poner en obra ; pienso, por consiguiente, que, en su profesión como en la mía, lo que tenemos que hacer es acercarnos a ellos tanto como sea posible. Lo que se puede reprochar a su periodista es que no haya hecho lo posible, o incluso lo fácil. Digo fácil porque realmente me parece que debía de serlo el acercarse a algún ponente para recabar información. Yo, como profesor, lo he hecho : he escrito a una participante sometiéndole su artículo y pidiéndole que lo comentase, lo que dicha persona ha hecho muy gustosa. Pienso que la atención que se otorga a un oscuro docente del norte de Francia la hubiera obtenido con aun mayor facilidad, si cabe, su prestigioso diario.
La cuestión catalana es de una gravedad que no se puede soslayar. El que se salga de ella de una manera sensata depende en parte, a mi modesto entender, del rigor intelectual con que se la trate, así como de la lealtad con que se debata. La prensa puede contribuir a ello o, al contrario, enfervorizar los ánimos con presentaciones sesgadas que ningunean al adversario o lo extranjerizan, por así decir. Dejen ustedes esas exaltaciones a una prensa nostálgica del Imperio y cuestionen incisivamente las posiciones de unos y otros recordando que lo que debe prevalecer es el derecho a la información del lector (1.16) y la posibilidad de que éste se forje su propia opinión (1.2).
Como docente francés, yo tengo la obligación legal de transmitir « les valeurs de la République² ». Una exigencia análoga aparece en la legislación española, que confía al sistema educativo  « La transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, así como que ayuden a superar cualquier tipo de discriminación. » (artículo 1 de la LOE). Además, « El Estado tiene como obligación formar a todos los ciudadanos y ciudadanas en valores y virtudes cívicas que favorezcan la cohesión social » (artículo 27.2 de la LOE). El dirigirme a usted y el hacerlo públicamente encaja, entiendo, en mis misiones y constituye un acto educativo. Espero, como ciudadano español, que otros compañeros, españoles y catalanes, ejerzan la misma vigilancia y que colectivamente, sin acallar nuestras diferencias, sino gracias a ellas, podamos contribuir a imponer en el debate público y en la prensa las exigencias de rigor y lealtad intelectual que, tanto en Francia como en España, han de imperar por imposición legal en las escuelas. Si bien nuestras legislaciones no prevén explícitamente esta actividad, me parece que la misma puede surgir de su espíritu.
No dudo que, de prosperar y desarrollarse -como lo deseo- dicha actividad, hallaremos en usted, señora defensora del lector, un apoyo decidido para defender juntos unos principios éticos fundamentales que deben prevalecer tanto en su profesión como en la nuestra.
La saluda atentamente,
Sebastián Nowenstein
professeur agrégé
lycée Raymond Queneau
Villeneuve d’Ascq
Francia

La señora Galán me contestó con suma amabilidad y me anunció que trataría las cuestiones que evoco en una crónica. Agregó que me avisaría cuando la publicase. Parece que otros asuntos de mayor interés la han acaparado, porque no me consta que haya hecho lo que me anunciaba. A continuación puede leerse mi respuesta a su respuesto, la cual, a pedido de la señora Galán, no publico.

Estimada señora Galán,
Su amable respuesta me anima a agregar algunas observaciones en relación con tres artículos que leo esta mañana y que pienso integrar en la documentación que estoy preparando. Tal vez tenga usted la cortesía de responder a ellas también.
Los artículos a los que me refiero son los siguientes : Mas pone a 7.000 funcionarios al borde de la ilegalidad con la consulta¹, Mas presiona por correo electrónico a 700 alcaldes para que cuaje el 9-N², “No cederé ante la Generalitat porque la consulta es un teatro”³.
Lo primero que llama la atención es la personalización de los dos primeros títulos. No dicen ustedes « Generalitat » o « Govern », sino Mas, lo que induce que se perciba un proceso institucional como una aventura personal. El considerar que lo que pasa en Cataluña es en esencia la aventura personal de un hombre es una opinión legítima, pero que debe anunciarse como tal y deslindarse de la información. Podría aducirse cierta tradición de personalización de los títulos y eludir mi crítica postulando que los lectores normalmente constituidos reconocen dicha tradición y no dan al título el significado que una lectura literal podría atribuirle. Pero, más allá del hecho de que buscar un título impactante a través de la personalización es en sí criticable, esta costumbre o tradición sólo puede ser tolerada si no induce en error : le confesaré que cuando leí el segundo de los títulos que menciono, pensé que el Molt Honorable Senyor había cogido él mismo la pluma, en fin, el teclado, para presionar a los alcaldes. Me puse a leer el artículo con avidez, preguntándome si el Gobierno español no tendría por fin con este mensaje el acto administrativo que parece buscar para impugnar la consulta. En realidad, entendí leyendo el artículo, no fue Mas quien escribió, sino que lo hicieron los delegados de la Generalitat y empleando, además, tonos diferentes :
El formulario era idéntico en todos los casos y se detallaba que el plazo para devolverlo expiraba el pasado lunes a las dos de la tarde. Sin embargo, la carta de presentación que cada uno de los siete delegados de la Generalitat dirige a los alcaldes es distinta en cada caso y emplean un tono muy diferente, llegando a ser conminatorio en algún caso.
La ingenuidad que acabo de confesarle no fue tanta que pensara, al leer el primero de los títulos citados, Mas pone a 7.000 funcionarios al borde de la ilegalidad con la consulta, que el señor Mas movía a los funcionarios como soldaditos de plomo; pero el problema, aunque atenuado, viene a ser el mismo : en términos rigurosos no se trata de una decisión de Mas, sino del Govern o de la Generalitat. El que el señor Mas haya aprobado las decisiones me parece una evidencia, pero las mismas provienen de una autoridad legítima y no del capricho de una persona que estaría poniendo en peligro el número impresionante de 7000 funcionarios. Una vez más, afirmar que el señor Mas es un irresponsable es una opinión, si bien polémica, legítima en el debate político, pero debe ser anunciada como tal y defendida con argumentos sólidos. No se debe esconder dicha opinión en un título tendencioso.
Pero más allá de personalización de los títulos, vale la pena fijarse en si hay o no una correspondencia entre lo que anuncian y lo que leemos en los artículos, así como en la pertinencia de lo que en ellos se afirma.
Empecemos con el artículo al que aludo en el párrafo anterior : Mas pone a 7.000 funcionarios al borde de la ilegalidad con la consulta. La demostración se basa en las declaraciones de los catedráticos Ballbé y Arbós, de Derecho Administrativo y Constitucional respectivamente. Lo que dicen estos señores es que la consulta es un « pucherazo », el primero, y que podría recurrirse la decisión de la Generalitat ante la jurisdicción contencioso-administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña -en la formulación del periodista-, el segundo. Es todo. No se demuestra de manera explícita lo que se afirma en el título. Una vez más, no digo que lo que el título dice sea falso, sino que es una opinión que, como tal, debe presentarse y, también, sostenerse de manera argumentada. Lo que ustedes afirman o sugieren requeriría que demostrasen : 1. que la acción es imputable al señor Mas, 2. que la misma está tipificada en la ley y que constituye una ilegalidad manifiesta, es decir, que los funcionarios no puedan pretender ignorarla, 3, que los supuestos delitos cometidos por le señor Mas serían extensibles a los funcionarios. Quizás me diga usted que no se le puede pedir al periodista que realice semejante análisis jurídico en un artículo. Pues por ello, justamente, le contestaré, debería haberse limitado a informar. La obligación de la que le hablo se la crea el periodista solo y nace no de las exigencias de un lector falto de mesura sino de la combinación de la afirmación del periodista y del libro de estilo de El País.
Me permito señalar, por otro lado, que el artículo me parece adolecer, como el anterior que le comenté, de parcialidad : el periodista no ha buscado contrastar los comentarios de los profesores. Lo único que tenemos son unas explicaciones que da una fuente anónima⁴ de la Generalitat indicando el interés que reviste el recurrir a funcionarios “porque manejan mejor las tecnologías, tienen más habilidades, saben interpretar mejor las normas y algunos han estudiado Derecho”, lo que difícilmente podrá constituir un argumento en favor de que recurrir a los funcionarios sea legal. Nada sabremos sobre el análisis que los juristas de la Generalitat realizan sobre la situación en que podrían hallarse los funcionarios. ¿Será que el periodista se lo preguntó y que sus interlocutores se fueron por las ramas ? De ser así, debía habérnoslo dicho. Al no hacerlo, tenemos la impresión de que equilibrio es facticio. No alcanza, en efecto, con citar una declaración de la Generalitat para que la imparcialidad esté garantizada ; se requiere, además, que las declaraciones traten del mismo tema. « Bon Nadal », me dije, cuando leí los argumentos de la Generalitat. Quiero decir, el nivel de equilibrio alcanzado viene a ser el mismo que si el periodista hubiese citado a la Generalitat deseando feliz navidad a los catalanes para contestar a estos dos catedráticos eminentes.
¿Que mi comparación es exagerada y conlleva algo de provocación ? Pues sí. Pero, ¿quién empezó con las analogías ?, ¿yo ? No. Antes que a mí, al señor catedrático Ballbé se le ocurrió comparar la situación con la que existiría si se juzgara a un negro con un jurado compuesto sólo por miembros del Ku Klux Klan⁵. Comparado con este dechado de argumentación por analogía, aquel incendiario artículo⁶ del profesor Fontana que hablaba de deriva nazi del PP hasta parecerá un ejemplo de alegato racional. Es que ése es el problema del uso y abuso de la analogía, -de sus prestigios y vértigos, como dice en su incisivo librito⁷ el profesor Bouveresse- : las analogías como éstas no significan nada o casi nada, no nos explican nada, pero, eso sí, enardecen los ánimos. ¿Cómo ha de sentirse un catalán implicado en el combate político por la independencia que desea contribuir a organizar esta famosa consulta cuando un prestigioso catedrático le endilga que la posición que va a ocupar va a ser la de un miembro del Ku Klux Klan juzgando a un negro ? ¿Y cuando un diario moderado de Madrid cita sin chistar esas palabras y, más aun, las selecciona, considerándolas como un dictamen digno de informar al lector ? « Dice el jurista », escribe el periodista, tras la cita, como si estas palabras fuesen un enunciado de la ciencia del derecho y no las de un ciudadano que quizás la indignación esté alterando un tanto. ¿Cómo ha de sentirse un catalán, sea cual sea su orientación política, cuando se califica con tamaña brutalidad la iniciativa de su gobierno, del que se podrá pensar lo que se quisiere, pero que es legítimo y fue elegido democráticamente ? Yo no soy catalán pero, como español, le puedo decir que me preocupa esta retórica y los estragos que está causando. Este tipo de discurso puede ser movilizador y exaltante entre los adictos de una causa, pero no hay que olvidar lo que está engendrando : la convicción de que todo diálogo es imposible.
No sólo de la analogía se está abusando, también de la exageración, del adjetivo altisonante y ruidoso. No sólo lo hace su diario, por supuesto, muchos otros lo sobrepasan en dicho ejercicio, pero es del suyo que estamos hablando. El tono de Mas, perdón, el de su adláter Fernando Brea⁸, delegado territorial de la Generalitat en Barcelona, es conminatorio, dice el periodista. A ver. El ejemplo que éste nos da es el siguiente : “Para que nos lo devolváis […] al efecto de saber qué equipamientos municipales podéis poner a disposición”. ¿Dónde está en esta frase lo conminatorio, señora defensora del lector ? ¿Se me habrá entumecido y abotargado el español después de tantos años fuera ? Una vez más, yo no digo que no haya presiones, y ni que éstas no lleguen a ser conminatorias, pero hay que demostrarlo. Si no, lo único que se hace es, pincelada tras pincelada, un retrato esperpéntico de la realidad que tal vez complazca a aquél que busca en la lectura del periódico la confirmación de sus certezas, que sean éstas las del carácter antidemocrático de la aspiración catalana o aquélla, la opuesta, de que el nacionalismo español todo lo contamina, alterando hasta la ecuanimidad de El País y confirmando así que no hay ya nada que conversar con los españoles. No parece que se obre así en favor de la democracia plural de la que, declara el punto 1.1 de sus principios éticos, es El País el defensor.
El recurso audaz e insistente de su diario a los planteamientos jurídicos, del que es testigo el artículo que estoy comentando, me lleva a considerar oportuno formular algunos comentarios sobre la cuestión de la ilegalidad o de la violación de la legalidad, que es un tema sobre el cual he estado trabajando con mis alumnos en años pasados y que este artículo me brinda la oportunidad de volver a evocar con ellos⁹. En la tradición del positivismo jurídico, las infracciones sólo cobran existencia cuando los actos que las constituyen son calificados como tales por la autoridades habilitadas para hacerlo –los tribunales-. El que un jurista, por muy competente que sea, declare en su nombre propio que tal o cual hecho constituye una infracción puede revestir un interés intelectual, pero carece de fuerza judicial. El que lo haga un periodista sin recurrir a la autoridad de un jurista carece de fuerza judicial y no sé si tiene mucho interés intelectual. Hay otras tradiciones jurídicas, pero no creo que ninguna permita tomarse muy en serio el que los funcionarios corran algún riesgo preciso por participar en la consulta. Aun cuando se pudiese tipificar como infraccional su comportamiento, no pasaría nada, ningún tribunal condenaría a 7000 funcionarios por haber tomado parte en la consulta. Y las marciales declaraciones del Fiscal General del Estado, señor Torres-Dulce¹⁰, tampoco es que deban preocupar mucho a los funcionarios¹¹. Me podrá usted decir que el periodista no afirma explícitamente que haya algún riesgo para ellos. Es cierto. Pero entonces, si no hay riesgo, ¿a qué este título inquietante apoyado por afirmaciones de juristas que hablan de otra cosa ? ¿Se deberán estas agitaciones y gesticulaciones a que al periodista lo que le preocupa es la violación de la legislación de por sí, aunque no pase nada ? ¿Habrá sido ese resquemor kantiano que, supondría él, afectará a 7000 almas en conflicto con el imperativo de respetar siempre la ley o incluso a las de los 47.000.000 de españoles, ya que estamos, de que se vulnere alevosamente el principio de legalidad ? Yo creo que se trata de una preocupación íntima legítima que puede dar nacimiento a una hermosa meditación, pero no sé si es realmente una información. Más en serio, señora Galván, ¿por qué este artículo ?
Personalmente, en lo que a mis clases se refiere, yo tengo previsto buscar con mis alumnos una parte de la respuesta en Borges. En Tema del traidor y del héroe¹², cuya lectura propuse en relación con el artículo sobre el simposio España contra Cataluña¹³, se fragua un mito con la participación de cientos de actores. En la mayéutica del aula llegamos a definir el mito como una ficción que se escribe con los cuerpos de las gentes de aquellas sociedades en que anida. Es, dijimos, como una obra de teatro en la que los miembros de un grupo participan, a sabiendas o no. Les voy a preguntar a mis alumnos si lo que está pasando no será que se está creando un mito, y si estos artículos no son una parte de él. Cada una de nuestras pequeñas concesiones, acomodos, aproximaciones, cuando van todos en el mismo sentido, contribuyen a su elaboración. En Tlön, Uqbar, orbis tertius, también de Borges, estudiado asimismo con mis alumnos, un grupo de hombres escribe una vasta enciclopedia sobre un mundo inexistente. Al final, la ficción suplanta la realidad : Casi inmediatamente, la realidad cedió en más de un punto. Lo cierto es que anhelaba ceder. Hace diez años bastaba cualquier simetría con apariencia de orden -el materialismo dialéctico, el antisemitismo, el nazismo- para embelesar a los hombres. ¿Cómo no someterse a Tlön, a la minuciosa y vasta evidencia de un planeta ordenado? Que no nos pase lo mismo.
Yo no creo que haya ningún plan deliberado de modificar la historia o de construir populosas infracciones. Lo que creo es que vamos a lo fácil, que buscamos la aprobación de los demás y acabamos haciendo lo que pensamos que se espera de nosotros. ¿Cómo se organizan las cosas en El País ? ¿Quién decide que se dirá « Mas » y no « el Govern » o la « Generalitat » ?, ¿quién que se dará por hecha aquella ingente ilegalidad de la que hemos estado hablando, con 7000 funcionarios a un tiempo víctimas y culpables ? ¿Quién pone esos títulos que poco nos dicen de lo que contienen los artículos y mucho sobre la línea del diario ? Yo creo que esas cosas se hacen en gran parte solas, sin que los participantes tengan realmente conciencia de desinformar ; son pautas de pensamiento que se construyen poco a poco y que se transmiten a los jóvenes periodistas. El neurobiólogo Jean-Pierre Changeux habla del estado de sideración¹⁴ en que a menudo se encuentran los jóvenes investigadores que se integran en un laboratorio y que les hace difícil cuestionar las orientaciones del mismo. Es un poco así como imagino yo la situación en su diario. No una voluntad de desinformar, sino una inmersión en una marcha trepidante que impide tomar distancias. Y, de algún modo, haría extensiva esta percepción al conjunto de la sociedad. Estamos, sin darnos cuenta, un poco por inercia, inventando mitos o monstruos que diabolizan al otro. Este sueño de la razón empieza a ser peligroso.
Me acabo de dar cuenta de que he estado escribiendo como si el título no contuviera la expresión « al borde », o por lo menos, no integrando plenamente el matiz que supone dicha expresión. Lo que se nos dice es que quizás haya una ilegalidad, no está muy claro, y que Mas no pone a los funcionarios de lleno en ella, sino al laíto, justo al laíto. Vistas así las cosas, el enunciado se vuelve inatacable, he de reconocerlo. Es que estamos al borde de la información, al ladito de la noticia, casi pegaditos a ella, pero de lleno en algo que quizás sea más un ejercicio tendencioso del periodismo que una información. Esto del borde viene a ser una triquiñuela, señora Galán, que me hace pensar que es El País sabía que la ilegalidad no estaba muy clara pero que, ávido de demostraciones contundentes, recurrió al concepto de borde para sacar « la noticia » igual.
El tercer artículo que he leído hoy es el que alude al hecho de que más del 99% de los municipios ha puesto a disposición de la organización locales públicos para facilitar la consulta¹⁵. Lo que acabo de citar es el encabezamiento del artículo de Diario 16. El País ha decidido enfocar la noticia de otra manera, citando al señor Caldentey, alcalde de la afamada villa de Pontons, localidad barcelonesa de 500 habitantes : “No cederé ante la Generalitat porque la consulta es un teatro”, afirma con fuerza el regidor. Pontons, se nos dice, es uno de los 5 ayuntamientos, de los 696 a los que la Generalitat pidió locales, que no los facilitan. A mí, esta noticia me sonó a Astérix y a su pueblo galo que resiste a los romanos. Pero, dígame señora Galán, para que yo se lo cuente a mis alumnos, ¿cómo se toma la decisión en su diario de presentar la información a través del caso de Pontons y del señor Caldentey, su valeroso alcalde, y no de los 691 otros municipios y de la señora Ortega, vicepresidenta del Gobierno de Cataluña, como lo hace Diario 16 ?
La dejo, señora Galán. Espero no estar dándole demasiado trabajo y espero asimismo que podré transmitir sus comentarios a mis alumnos.
La saluda cordialmente,
Sebastián Nowenstein.

Estimada señora Galán,
Acabo de darme cuenta de que no es del todo pertinente la comparación que hago entre la manera en que Diario 16 y su diario presentan la información en que se da cuenta de la presentación por Joana Ortega del dispositivo del 9-N. El artículo que había que poner en paralelo con el de Diario 16 era « La nueva consulta del 9-N carece aún de junta electoral »¹. Si hubiera verificado las fechas, hubiera detectado mi error : el artículo sobre el alcalde de Pontons es del 24 de octubre, aquél al que hubiera debido referirme, del 22 de octubre. En mi defensa aduciré solamente mi buena fe y el que, eso no es culpa suya, en las páginas web de los diarios, la presentación de los artículos no es cronológica, de tal modo que pueden aparecer asociados en la pantalla artículos que no son de la misma fecha. Quizás hubiese sido oportuno que el artículo sobre el alcalde de Pontons contuviese un enlace hacia el artículo « La nueva consulta del 9-N carece aún de junta electoral ».
La saluda cordialmente,
Sebastián Nowentein.
PD : publico este mensaje en mi blog.